Nueva York. –El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, afirmó en esta ciudad, que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad es una responsabilidad ineludible de todos los sistemas de justicia.
“En nuestro compromiso por una justicia universal no podemos olvidar a aquellos que son más vulnerables en nuestra sociedad, ya que estas personas tienen mayor riesgo de que su acceso a la justicia esté limitado debido a diversas circunstancias como la pobreza, la discriminación, la discapacidad o la falta de recursos”, explicó Molina Peña.
El también presidente del Consejo del Poder Judicial de República Dominicana se expresó así mientras moderaba el panel “Estado de Derecho y Justicia: Garantías de la dignidad de las personas”, en el marco del Congreso Mundial de Derecho (WLC, por sus siglas en inglés), en el que explicó que la eficiencia no solo implica la celeridad en los procesos judiciales, sino también la transparencia, la imparcialidad y la calidad de las decisiones en justicia.
En el panel participaron Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, quien abordó el tema independencia judicial y la dignidad de la persona; Orlando Aguirre, presidente Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, quien habló sobre las condiciones necesarias para para la eficiencia de los derechos humanos; y Maite Oronoz, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien disertó sobre Justicia inclusiva y derechos humanos: herramientas para promover la igualdad, no discriminación y lucha contra la violencia de género.
También Linda Maguire, directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe disertó sobre la Innovación y transformaciones urgentes hacia una justicia inclusiva; Anthony Kennedy, juez asociado Corte Suprema de los Estados Unidos; y Rebecca Bill Chávez, directora ejecutiva de Interamerican Dialogue, trató el tema Autonomía judicial como defensa contra el retroceso democrático: El caso de América Latina.
Molina consideró que para garantizar la dignidad de las personas se debe asegurar que las barreras que enfrentan sean superadas y que se les brinde un acceso equitativo y efectivo a los mecanismos judiciales.
Indicó que la justicia y el Estado de Derecho son pilares fundamentales en toda sociedad plenamente democrática, ya que constituyen el marco que establece y protege los derechos y libertades de cada individuo, independientemente de su origen, género, religión o posición social, elementos que considera esenciales para mantener la paz, la estabilidad y la cohesión social, proporcionando una base sólida para el desarrollo sostenible y el progreso de las naciones.
Sostuvo entre los presentes que como hacedores de políticas públicas se tiene la responsabilidad de trabajar en conjunto para fortalecer y mejorar continuamente los sistemas judiciales, para que puedan desempeñar su crucial papel en la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad.

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